Quince años en vivienda

por Olga Wainstein-Krasuk, Alicia Gerscovich
en Revista Notas CPAU, viernes 06 de octubre de 2017

El estado de la cuestión de los últimos 15 años para el acceso a la vivienda en Argentina en general y en la Ciudad de Buenos Aires en particular.

Es un gran desafío sintetizar los avatares de una problemática que parece un ovillo sin fin. Nuestro país, al igual que el resto de Latinoamérica, ha aplicado diversas políticas, planes y programas con distintos resultados sin lograr disminuir un déficit que crece día a día, pero… ¿cuál es el verdadero núcleo de la cuestión?
En primer lugar no podemos hablar de vivienda sin hablar de hábitat, sin pensarla como un sistema de acción local que articule distintas esferas de política urbana, social, económica, habitacional.

La respuesta en los años 70 de construcción de los grandes conjuntos habitacionales, con
tipologías de alta densidad y realizados en la periferia de las grandes ciudades, tuvo su correlato a nivel mundial de ser epicentros de grandes estallidos sociales. Cientos de papers se escribieron sobre sus causales; sin embargo, los estamentos políticos y técnicos no profundizaron en los mismos y repitieron errores concentrando pobreza, provocando marginación social y espacial, perdiendo así la riqueza de una sociedad policlasista y cultural que se desarrolla en la convivencia y el intercambio.


Viviendas en Concordia, Entre Ríos. Fotografía: Déborah Almonacid. Instagram

A partir del 2004, uno de los programas implementados por el gobierno nacional con mayor inversión y altamente publicitado ha sido el Programa Federal de Vivienda, que entre las Etapas I y II totalizaron la propuesta de construir 420.000 viviendas en 4 años en todo el país. Nación cubriría 100% de su costo e infraestructura, admitiendo un costo complementario en caso de necesitar adquirir los terrenos.
El Programa tardó más de diez años en llevarse a cabo. Algunas de las causas de las demoras fueron la lentitud de las adjudicaciones de las obras y el ritmo de construcción, por la falta de tierras a precios adecuados según su incidencia en el costo final de la vivienda, y la tardanza en el acceso a los fondos necesarios por parte de los municipios.

El resultado fueron barrios de muy baja densidad, que impactaron en la ocupación del territorio más allá de sus límites urbanos, e incitaron a la desarticulación y homogeneización del paisaje, avanzando en algunos casos sobre tierras productivas rurales. Se realizaron proyectos con respuestas tipificadas, desconociendo el contexto social y cultural local, ignorando necesidades y aspiraciones del núcleo familiar. Ha habido falta de reflexividad por parte del sector público al propiciar la expansión no planificada de la ciudad sin crear condiciones de urbanidad, que ignoraron el valor del paisaje cultural sin tener en cuenta la sustentabilidad necesaria del desarrollo urbano.

Los gobiernos pasan y las promesas incumplidas se perpetúan.

En julio de 2016 el Gobierno Nacional puso en marcha uno de sus planes más ambiciosos en términos políticos , económicos, sociales y electorales. Con una inversión en torno de los $100.000 millones en los próximos cuatro años, expresó que esperaba construir 120.000 viviendas sociales nuevas, re-urbanizar las 505 comunidades más vulnerables del país y otorgar créditos con parte del capital o tasas subsidiadas, para construir o mejorar otras 456.000 viviendas. Esto permitiría sacar a 4 millones de personas de la crisis habitacional que enfrentan, un tercio de los 12 millones que viven en situación precaria, según los números que maneja extraoficialmente la Secretaría de Vivienda y Hábitat.
Nos preguntamos:

• ¿Cuál es la política de tierras que va a permitir a los Municipios contar con suelo urba-nizado donde planificar desarrollos urbanos que integren a la población y no la convier-tan en ghettos?
• ¿Cuándo incorporar los procesos participativos en el acceso a una vivienda/hábitat digno?
• ¿Cómo se compatibiliza el acceso a la vivienda frente a la inseguridad laboral que enfrenta hoy un importante sector de la población?
• ¿Cuál es la política para el uso social de los vacíos urbanos fiscales?
• ¿Cómo se justifica la demora en la escrituración de viviendas construidas por distintos planes y programas sociales, algunas con más de 30 años de antigüedad?

Esto permitiría sacar a 4 millones de personas de la crisis habitacional que enfrentan, un tercio de los 12 millones que viven en situación precaria, según los números que maneja extraoficialmente la Secretaría de Vivienda y Hábitat.

Faltan respuestas alternativas de largo plazo que surjan desde los sectores con diferentes necesidades según su posicionamiento socio económico, que sean atendidos desde el Estado con una mirada abarcadora de la problemática, que no sólo se restrinja a la posibilidad económica sin tener en cuenta el resto de las variables que inciden directamente en su concreción y gestión.
En particular, la Ciudad de Buenos Aires no es ajena a la problemática nacional, si bien presenta uno de los mayores ingresos per cápita del país. Hoy, a 15 años de la crisis del 2001, la dificultad para el acceso a la vivienda de amplios sectores continúa. Si bien en el último año se han sancionado leyes para la (re)-urbanización de algunas villas paradigmáticas estratégicamente posicionadas en el territorio, asociadas a proyectos de infraestructura de eficacia no probada y de créditos externos para su financiación, las necesidades de hábitat de los sectores populares aumentan, a la vez que los derechos colectivos, como es el derecho a la ciudad, son crecientemente lesionados.

La ausencia de políticas públicas en materia de gestión y uso de suelo urbano, así como la propia dinámica del mercado privado, provocan serios disturbios en el tejido urbano en perjuicio de los sectores que no acceden a dicho mercado. Ejemplo reciente ha sido la creación de la Agencia de Bienes de la Ciudad, con área de influencia en el territorio que no corresponde a la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que elimina incumbencias propias del Gobierno de la Ciudad, y disponiendo, como ejemplo, la enajenación de suelo público en uno de los barrios residenciales de alto poder socio económico.

De esta forma, los sectores populares no tienen posibilidad de acceso a un lugar para habitar en esta ciudad en condiciones razonables de precios y de localización respecto de los equipamientos sociales y fuentes de trabajo. La diversidad de programas, asociados a la atomización en distintos organismos gubernamentales con presupuestos asignados muchas veces subejecutados complejiza el manejo y el control, así como dificulta por parte de los colectivos sociales la comprensión de las dinámicas normativas.
Ello se acrecienta con la refuncionalización de la ciudad creando distritos económicos mono-funcionales, que lleva al desplazamiento de los más pobres y también de los sectores medios pauperizados, que deben abandonar dichas áreas centrales y predios bien ubicados, produciendo procesos de gentrificación de áreas, para vivir alejados de la ciudad, en barrios sin servicios y equipamientos adecuados, ambientalmente degradados.

Si entendemos que la ciudad es un proceso de construcción colectiva en la que participan todos los actores según su posición en las relaciones de poder, es el Estado a través del gobierno el que debiera equiparar dichas capacidades y brindar los instrumentos idóneos para tender a que nuestra Ciudad de Buenos Aires sea más justa y democrática.